Patrimonio: La identidad en disputa.

Por Rosario Mena

Convengamos que la palabra “patrimonio” – como la palabra “cultura”- no es operativa para identificar un rubro, una escena, ni menos un área de estudios o especialización. Parece de sentido común entender el patrimonio no como un ámbito ni como un contenido, sino, simplemente, como un enfoque. Ojalá centrado en nociones de gran vigencia en el mundo científico como lo es la bioculturalidad, que integra la biodiversidad con la diversidad cultural como elementos inseparables e imprescindibles de la sustentabilidad en plena crisis planetaria.

Llama la atención que “arte” y “patrimonio” aparezcan en el nombre de nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como términos separados -y no integrantes- de “las culturas”, y sean enunciados, además, como cosas intrínsecamente distintas entre sí. Como si la creación no fuera patrimonio. Y el arte no fuera siempre manifestación de una identidad cultural que se refleja o se pone en tensión.

Pero más allá de estas cuestiones conceptuales básicas hay otras de carácter simbólico y valórico que conviene tener en cuenta para entender, por ejemplo, el hecho de que cumpliremos cinco años sin lograr promulgar una Ley de Patrimonio (o patrimonios, con s) que supere y reemplace a la actual Ley de Monumentos Nacionales diseñada en el año 1925. Si. Hace casi un siglo.

Sin ir más lejos, un sector no menor de personas vinculadas a estos temas, aboga por la abolición de la palabra “patrimonio” en nuestro terreno de acción, denunciando su origen en el patriarcado. Del latín pater (padre), y monium, el término designa a un conjunto de actos y situaciones rituales y jurídicas referidas a las posesiones y atribuciones del hombre jefe de la familia, amo de la mujer, dueño y señor de las casas, las tierras y los sirvientes.

No es casual que hasta el día de hoy, en los niveles socioeconómicos más altos y conservadores, persista una fuerte asociación del concepto de patrimonio a instituciones como la hacienda y las casas patronales; los edificios clásicos monumentales; los creadores y las obras de arte consagradas como “alta cultura”. A ello se suma la historia oficial, los héroes nacionales y las tradiciones establecidas por la aristocracia criolla , que identifica “la chilenidad” con la cultura huasa, homogeneizante, mestiza y negadora de la diversidad de identidades de los pueblos pre existentes en nuestro territorios.

En la otra vereda encontramos a quienes se posicionan desde la diferencia y la deuda histórica con la ruralidad, la indigeneidad y todos los grupos subalternizados, reinvindicando sobre todo elementos intangibles como sus prácticas, costumbres, valores, lenguas y cosmovisiones, junto a sus patrimonios arqueológicos y naturales y sus territorios explotados por las industrias extractivas, cuyos dueños son, precisamente, quienes sostienen la “otra” visión de “patrimonio”.

De allí que la consulta indígena, previa a cualquier medida que afecte los pueblos originarios, establecida en el convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile, aparezca como el punto más polémico y el gran escollo, que no hace sino graficar la lucha simbólica implicada en el patrimonio y la pugna social que impide avanzar en la postergada y anhelada Ley de Patrimonio.