La cultura de los límites
- Álvaro Hamamé
- 22 ene 2024
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 19 mar 2024

Comienzo esta columna con datos dramáticos que lamentablemente no han tenido
la difusión que merecen: según Informes de Amnistía Internacional y de la organización
Global Witness, más de 300 activistas protectores del medioambiente fueron asesinados
durante los últimos dos años y América Latina es una de las regiones más afectadas, pues
concentra el 60% de estos casos —la región además registra más de 1.330 activistas
muertos en la última década- generados principalmente por disputas territoriales con
empresas mineras, madereras y agrícolas. Frente a este escenario, es importante
considerar el territorio más allá de sus características geográficas y naturales - como un
espacio político e ideológico que está en permanente disputa.
El uso racional-material de los recursos naturales, en una búsqueda constante de la
maximización del lucro, se constituye en uno de los principales ejes de desarrollo y
denominador común de los programas de gobierno - de izquierda y de derecha- al ser
fuentes de recursos fiscales. Además, se vincula su explotación con crecimiento
económico y el discurso central transmite la necesidad de ampliar las exportaciones y de
aumentar la inversión extranjera de empresas transnacionales como sinónimo de
desarrollo y progreso. Sin embargo, el control de los territorios de abundante
biodiversidad a través del agronegocio, la gran minería, la explotación de hidrocarburos y
los megaproyectos hidroeléctricos, entre otros, genera no sólo importantes daños
medioambientales, sino que altera la vida social de numerosas comunidades al privatizar
los bienes naturales que son parte de su hábitat geográfico y fuente de identidad
colectiva.
Desde esta perspectiva, el patrón de acumulación extractivista, como práctica
transversal en la historia económica, social y política de todos los países de América Latina
y el Caribe, con mayor o menor densidad, debe asumirse como una problemática histórica
regional. La apropiación material de la naturaleza, entendida como mercancía abstracta,
transferible e intercambiable y su sobreexplotación económica implica el retraso de
procesos relacionados con temas fundamentales como la protección de la soberanía
territorial, la degradación ambiental, la preservación de la biodiversidad - principalmente
agua dulce y minerales estratégicos- y la capacidad de producir conocimiento, desarrollo
científico y tecnológico a partir de una mayor comprensión del funcionamiento de sus
distintas dinámicas físicas y biológicas. Para contrarrestar esta situación es importante
profundizar el conocimiento de los procesos biogeoquímicos de cada ecosistema para
determinar su capacidad de carga, agotamiento y regeneración, sólo así se podrá
comenzar a fortalecer una transición socioeconómica que nos permita vivir en una
sociedad sustentable, en la que los argumentos culturales sean tan válidos como los
técnicos, para detener jurídicamente proyectos que afecten la calidad de vida
sociocultural y ambiental de cualquier comunidad. Los ciudadanos (activistas) asesinados,
por intereses corporativos privados, estaban defendiendo los derechos ambientales y la
protección del patrimonio natural de sus localidades. Ellos simbolizan una cultura del
límite frente a un modelo de crecimiento económico ilimitado que no tiene sustento en
un planeta finito.
Por Álvaro Hamamé V.
Periodista, PhD. Comunicación Social
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